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Vencido el plazo para que el ayuntamiento de Benito Juárez, pague a la ex regidora, Ludivina Menchaca Castellanos, los 238 mil pesos por concepto de días trabajados que no le cubrieron durante una fase del trienio del entonces alcalde, Juan Ignacio García Zalvidea, la abogada de la actual senadora, Patricia Márquez, advirtió que el gobierno municipal podría incurrir en desacato, al negarse a cumplir con la instrucción del Primer Tribunal Colegiado del XXVII Circuito.
La abogada explicó que la versión que ha circulado sobre el caso, posee una serie de imprecisiones que “lastiman” la imagen de la legisladora, como el hecho de afirmar que la cantidad que debe serle entregada es fruto de “salarios caídos”, cuando en realidad se trata del sueldo correspondiente a cuatro meses laborados, que no le pagaron por la situación que enfrentaba la comuna durante la administración de “Chacho”.
La versión de Márquez, fue confirmada por el también abogado, Eloán Galindo, quien elaboró de origen, no sólo la demanda interpuesta en 2004, por la Senadora, sino también de otros regidores del ayuntamiento, en esa época, como Baltazar Tuyub, Juan Castro Palacios, Jorge Montes de Oca, Julio Rodríguez y Huguette Hernández, incluidos tres entonces funcionarios: Paul Blanc, Sergio Pasos Moguel y Rubén Borau.
Eloán Galindo, entrevistado por EL PERIÓDICO, explicó que el grupo de demandas se interpuso debido a que durante cuatro meses dejaron de pagarles su sueldo a los quejosos y que lo que se solicitaba entonces era el pago de esos sueldos, junto con las prestaciones de ley.
“Yo considero que es justo y conforme a la ley, que cobren ese dinero. En el camino varios nos desistimos por varias razones. Se desistió Baltazar Tuyub, por ejemplo.
“En mi caso, por petición del entonces alcalde, Francisco Alor, quien me lo pidió al incorporarme a su administración como director de Ecología, porque no podía, obvio, continuar con la demanda al ayuntamiento y trabajar para éste”, manifestó.
El también abogado señaló que en caso de no pagar, el ayuntamiento podría ser multado apenas con dos mil pesos, de acuerdo a lo que marca la ley, pero además de que políticamente “es como una mancha a la imagen de la institución”, podría arriesgarse a ser demandado penalmente por el posible incumplimiento.
Márquez Muñoz, quien dio continuidad a la demanda de Menchaca Castellanos, confirmó que la senadora sólo reclama el pago del sueldo que no se le cubrió y de las prestaciones que son irrenunciables, de acuerdo con el artículo 123, fracción XIV, de la Constitución Mexicana, que:
“La Ley determina los cargos que serán determinados de confianza, las personas que los desempeñen disfrutaran de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social”, citó.
También, en fundamento al artículo 127 constitucional que indica que los servidores públicos recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable en el desempeño de su función, que será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos.
Ambos, por separado, coinciden en que la legisladora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) tiene el mismo derecho que cualquier otro ciudadano nacido en México, y debe hacerlo valer.
“No se trata de ningún despido injustificado como algunos lo han manejado, tampoco se trata de sangrar al Ayuntamiento, mucho menos se trata de ninguna cuestión inmoral como algunos medios de comunicación califican; se trata de salarios devengados no pagados”, subrayó la abogada.
La litigante lamentó que sea a esta administración, encabezada por Julián Ricalde, a quien toque cubrir el resultado de una demanda a la que dio pie otro gobierno, pero remarcó que “el Ayuntamiento y sus representantes son los únicos responsables de su mala administración, de los malos manejos y de las pésimas decisiones”.
En días pasados la legisladora fue objeto de críticas y peticiones abiertas por parte de la clase política local, por pretender ejercer el cobro, en momentos en que el ayuntamiento atraviesa por una crisis financiera endurecida administración, tras administración.
El edil, declaró el miércoles pasado que jurídicamente el cobro era procedente y que no existía resistencia a pagar, pero que “moral” y “políticamente”, era indebido, conociendo la situación que enfrenta el gobierno.
En días pasados, el edil, agregó que buscaría por todos los medios legales evitar tener que realizar este pago.
Militantes del propio Partido Verde, como el diputado José de la Peña o el ex dirigente estatal de dicho instituto político, Alain Ferrat, incluido el diputado local y miembro del Verde, Baltazar Tuyub, pidieron a la legisladora “mostrar cordura política” y desistirse del cobro a la comuna.
La abogada explicó que la versión que ha circulado sobre el caso, posee una serie de imprecisiones que “lastiman” la imagen de la legisladora, como el hecho de afirmar que la cantidad que debe serle entregada es fruto de “salarios caídos”, cuando en realidad se trata del sueldo correspondiente a cuatro meses laborados, que no le pagaron por la situación que enfrentaba la comuna durante la administración de “Chacho”.
La versión de Márquez, fue confirmada por el también abogado, Eloán Galindo, quien elaboró de origen, no sólo la demanda interpuesta en 2004, por la Senadora, sino también de otros regidores del ayuntamiento, en esa época, como Baltazar Tuyub, Juan Castro Palacios, Jorge Montes de Oca, Julio Rodríguez y Huguette Hernández, incluidos tres entonces funcionarios: Paul Blanc, Sergio Pasos Moguel y Rubén Borau.
Eloán Galindo, entrevistado por EL PERIÓDICO, explicó que el grupo de demandas se interpuso debido a que durante cuatro meses dejaron de pagarles su sueldo a los quejosos y que lo que se solicitaba entonces era el pago de esos sueldos, junto con las prestaciones de ley.
“Yo considero que es justo y conforme a la ley, que cobren ese dinero. En el camino varios nos desistimos por varias razones. Se desistió Baltazar Tuyub, por ejemplo.
“En mi caso, por petición del entonces alcalde, Francisco Alor, quien me lo pidió al incorporarme a su administración como director de Ecología, porque no podía, obvio, continuar con la demanda al ayuntamiento y trabajar para éste”, manifestó.
El también abogado señaló que en caso de no pagar, el ayuntamiento podría ser multado apenas con dos mil pesos, de acuerdo a lo que marca la ley, pero además de que políticamente “es como una mancha a la imagen de la institución”, podría arriesgarse a ser demandado penalmente por el posible incumplimiento.
Márquez Muñoz, quien dio continuidad a la demanda de Menchaca Castellanos, confirmó que la senadora sólo reclama el pago del sueldo que no se le cubrió y de las prestaciones que son irrenunciables, de acuerdo con el artículo 123, fracción XIV, de la Constitución Mexicana, que:
“La Ley determina los cargos que serán determinados de confianza, las personas que los desempeñen disfrutaran de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social”, citó.
También, en fundamento al artículo 127 constitucional que indica que los servidores públicos recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable en el desempeño de su función, que será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos.
Ambos, por separado, coinciden en que la legisladora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) tiene el mismo derecho que cualquier otro ciudadano nacido en México, y debe hacerlo valer.
“No se trata de ningún despido injustificado como algunos lo han manejado, tampoco se trata de sangrar al Ayuntamiento, mucho menos se trata de ninguna cuestión inmoral como algunos medios de comunicación califican; se trata de salarios devengados no pagados”, subrayó la abogada.
La litigante lamentó que sea a esta administración, encabezada por Julián Ricalde, a quien toque cubrir el resultado de una demanda a la que dio pie otro gobierno, pero remarcó que “el Ayuntamiento y sus representantes son los únicos responsables de su mala administración, de los malos manejos y de las pésimas decisiones”.
En días pasados la legisladora fue objeto de críticas y peticiones abiertas por parte de la clase política local, por pretender ejercer el cobro, en momentos en que el ayuntamiento atraviesa por una crisis financiera endurecida administración, tras administración.
El edil, declaró el miércoles pasado que jurídicamente el cobro era procedente y que no existía resistencia a pagar, pero que “moral” y “políticamente”, era indebido, conociendo la situación que enfrenta el gobierno.
En días pasados, el edil, agregó que buscaría por todos los medios legales evitar tener que realizar este pago.
Militantes del propio Partido Verde, como el diputado José de la Peña o el ex dirigente estatal de dicho instituto político, Alain Ferrat, incluido el diputado local y miembro del Verde, Baltazar Tuyub, pidieron a la legisladora “mostrar cordura política” y desistirse del cobro a la comuna.
